En estos días parece despuntar un debate extraordinariamente activo en torno a la supuesta crisis del gremio del taxi en la ciudad de Cádiz, en apariencia agravada con la instauración del llamado “búho bus”, servicio nocturno exclusivo de los fines de semana. La intensidad del debate queda subrayada por la cantidad de intervenciones que han suscitado en la edición digital del Diario de Cádiz las noticias relativas a este asunto.
No dejan de sorprenderme los alarmantes cauces por los que discurre la mayoría de las “argumentaciones”, término que entrecomillo porque destaca sobremanera la apelación al insulto grosero muy por encima de las justificaciones razonadas. Estamos ante una situación en que el encastillamiento en posiciones solipsistas y proteccionistas por ambas partes se me antoja muy propia de este país de nuestras entretelas, acostumbrado por un lado a que determinados sectores laborales cuenten casi por consuetudinaria obligación con ayudas institucionales de las que otros carecen, y por otro a que haya parcelas de consumidores que demuestran falta de conocimiento acerca de lo que implica el uso de determinados servicios.
Los taxistas se quejan impropiamente de la competencia que al parecer les supone la existencia de un servicio público; un servicio al que los ciudadanos tienen pleno derecho en virtud de sus impuestos y cuyo funcionamiento, por otra parte, resulta de lo más sano para evitar la imposición de un monopolio en el sector del transporte (mal estaría que para desplazarnos hubiésemos de recurrir por fuerza al taxi). En el otro extremo, se encuentra el usuario que se queja de los precios del taxi, cuyo uso, en primer término, no es obligado, dado que existen más opciones, y que, en definitiva, supone una alternativa de transporte especializado que aporta al usuario una exclusividad (conductor a nuestra plena disposición) que bien está que se valore y, en consecuencia, se pague; por ello las comparaciones con las tarifas de otros medios comunes de transporte es, sencillamente, improcedente.
¿Acaso alguien puede dudar que sería óptima la pacífica coexistencia de ambas posibilidades, debidamente reguladas para ofrecer el adecuado servicio al ciudadano?
No dejan de sorprenderme los alarmantes cauces por los que discurre la mayoría de las “argumentaciones”, término que entrecomillo porque destaca sobremanera la apelación al insulto grosero muy por encima de las justificaciones razonadas. Estamos ante una situación en que el encastillamiento en posiciones solipsistas y proteccionistas por ambas partes se me antoja muy propia de este país de nuestras entretelas, acostumbrado por un lado a que determinados sectores laborales cuenten casi por consuetudinaria obligación con ayudas institucionales de las que otros carecen, y por otro a que haya parcelas de consumidores que demuestran falta de conocimiento acerca de lo que implica el uso de determinados servicios.
Los taxistas se quejan impropiamente de la competencia que al parecer les supone la existencia de un servicio público; un servicio al que los ciudadanos tienen pleno derecho en virtud de sus impuestos y cuyo funcionamiento, por otra parte, resulta de lo más sano para evitar la imposición de un monopolio en el sector del transporte (mal estaría que para desplazarnos hubiésemos de recurrir por fuerza al taxi). En el otro extremo, se encuentra el usuario que se queja de los precios del taxi, cuyo uso, en primer término, no es obligado, dado que existen más opciones, y que, en definitiva, supone una alternativa de transporte especializado que aporta al usuario una exclusividad (conductor a nuestra plena disposición) que bien está que se valore y, en consecuencia, se pague; por ello las comparaciones con las tarifas de otros medios comunes de transporte es, sencillamente, improcedente.
¿Acaso alguien puede dudar que sería óptima la pacífica coexistencia de ambas posibilidades, debidamente reguladas para ofrecer el adecuado servicio al ciudadano?